(Octubre 2001) A pesar de las leyes existentes, muchas mujeres de Latinoamérica y la región Caribe continúan sufriendo la desatención y negligencia del sistema legal. En México, por ejemplo, dos mujeres de 30 años de edad que vivían en México D.F. fueron víctimas de abusos perpetrados por sus respectivas parejas, según informaciones de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) y La Jornada. Rocío Mancilla mantuvo una relación extramarital y fue asesinada por su esposo en abril último. Éste recibió como castigo menos de dos años de cárcel tras declarar haber actuado bajo “emoción violenta”. Carolina Gaona, una especialista en negocios internacionales, fue amenazada de muerte por su esposo en octubre de 2000. En lugar de castigarlo, el juez tuvo en cuenta sus celos, y obligó a la mujer a regresar a su casa.

A la fecha, casi 30 países en la región han promulgado leyes contra la violencia doméstica o bien han comenzado a considerarla un crimen. Estadísticas de varios países, sin embargo, indican que una cifra estimada que va del 10 por ciento al 50 por ciento reportan haber sufrido violencia física por parte de sus parejas. Estos actos de violencia tienen consecuencias serias y graves.

“La violencia contra las mujeres destruye la vida de muchas personas, fragmenta a las comunidades y constituye un obstáculo al desarrollo de las naciones”, afirmó Noeleen Heyzer, directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), en el marco del “Simposio 2001: Violencia de género, salud y derechos en las Américas” en Cancún, México.

La violencia doméstica es considerada cada vez más como un problema crítico de salud pública por organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), y una seria violación de los derechos humanos bajo tratados internacionales.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países de la región invierten el 2 por ciento de su producto bruto interno (PBI) en el tratamiento las consecuencias de la violencia doméstica. Las víctimas de violencia doméstica necesitan en promedio más operaciones, visitas a médicos y farmacéuticos, internaciones hospitalarias y consultas de salud mental que otras mujeres.

Los expertos coinciden en señalar que el lugar donde las mujeres están más expuestas y bajo más riesgo es en su propio hogar. Los responsables de la mayoría de las agresiones, lesiones, heridas, abuso sexual y homicidio son los esposos o parejas de las víctimas. Según un estudio de 1996 sobre casos de violencia doméstica ocurridos en 17 provincias de Brasil llevado a cabo por los investigadores Luiz Sores, Barbara Soares y Leandro Carneiro para el Movimiento Nacional de Direitos Humanos, una organización basada en Brasil, indicó como resultado que los esposos, compañeros o ex parejas habían perpetrado 230 ataques, en comparación con 31 cometidos por parientes, vecinos u otros.

Hacer que las leyes se cumplan: Una preocupación que persiste

El hacer que las leyes contra la violencia doméstica se cumplan continúa siendo una preocupación seria. La policía a menudo no da respuestas o se comporta de manera hostil con las mujeres que reportan casos de violencia doméstica. Para enfrentar esta situación, varios grupos de la región dedicados a la protección de las mujeres han comenzado a fomentar la creación de unidades especiales conformadas por mujeres-policía. Brasil fue el primer país en crear estas unidades especiales en 1985, y esta iniciativa fue implementada a continuación por otros cinco países. Según el BID, los resultados no han sido tan buenos como se esperaba, debido a la falta de personal, infraestructura inadecuada y falta de especialistas capaces de proveer asistencia psicológica y social.

En muchos países de Latinoamérica y la región Caribe, la policía exige a las mujeres que se sometan a un examen médico y reciban un certificado antes de permitirles hacer una denuncia por violencia doméstica. Este certificado médico es en muchos casos la única evidencia capaz de corroborar el testimonio de las víctimas y permitirles por ende el aceso a protección legal y compensaciones.

Debido a la dificultad inherente en interpretar las lesiones producidas por la violencia doméstica, muchos de estos médicos examinadores clasifican las lesiones que consideran menos serias como un delito menor en lugar de clasificarlas como un crimen.. Por ejemplo, se considera que las heridas superficiales, como por ejemplo magulladuras, serían una infracción menos seria que una fractura de huesos. Esto tiene consecuencias profundas ya que los delitos menores conllevan penas mucho menos estrictas que un crimen. En Perú, por ejemplo, los delitos menores tienen una pena máxima de 20 a 30 días de servicio comunitario.

Human Rights Watch, una organización no gubernamental (ONG), cita el caso de ocurrido en 1996 a Verónica Álvarez, una madre de 36 años de Lima, Perú, que fue golpeada en el rostro con una máquina de escribir metálica por su pareja y quedó como resultado de este ataque con cicatrices permanentes. Debido al hecho de que el examinador médico informó que sus lesiones necesitaban menos de 10 días de tratamiento y recuperación, el caso de Verónica fue clasificado como un delito menor.

El sistema legal de muchos países el sistema a menudo deja a las víctimas sin protección adecuada. Según el Movimiento Manuela Ramos, una ONG de Perú que provee asesoría legal a las víctimas de la violencia doméstica, los fiscales ordenaron la provisión de medidas de protección en solamente uno de 45 casos en Lima entre 1996 y 1997.

En otros casos, los jueces se demoran demasiado en ordenar medidas de protección, o dejan expirar los plazos de medidas que ya habían sido ordenadas, dejando a las víctimas desprotegidas. En algunos casos, es la misma ley la que falla. En Perú, la ley insta a la reconciliación antes que a la acusación, y favorece las reuniones de mediación incluso en los casos en que la vida de la víctima está en riesgo. Esto termina enviando el mensaje de que las relaciones interpersonales violentas deben resolverse a través de negociación en lugar de castigos.

Otros problemas incluyen el desconocimiento de la ley y sus derechos por parte de las víctimas, dudas y temores a la hora de reportar lesiones, y la reticencia de los jueces en llevar a cabo las acciones necesarias. En Nicaragua, según las Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de 1998, más de un tercio de las mujeres que habían sido víctimas de abuso por parte de sus parejas nunca habían contado esto a nadie. Los estudios indican que la vergüenza y el miedo a posibles represalias son las principales razones por las cuales muchas mujeres prefieren callar.

Algunos países están avanzando en su manejo de la violencia doméstica

Las reformas legales y judiciales han tenido un éxito limitado en algunos países. Costa Rica promulgó su Ley contra la Violencia Doméstica en 1996, y esta ley permite que se tomen medidas de protección sin necesidad de iniciar procedimientos civiles o penales. Bajo esta ley, se puede obligar a toda persona que inflija un daño psicológico, físico o sexual a un familiar o pariente a que deje su casa, impedirle el acceso a la víctima en cuestión, prohibirle que críe, cuide o eduque niños menores de edad, quitarle armas en su posesión y obligarla a pagar los alimentos y el cuidado médico de su familia, como también la reparación de cualquier propiedad que haya sido dañada por su agresión. En el año siguiente a la promulgación de esta ley, se reportaron más de 7.000 acciones legales relacionadas con situaciones de violencia doméstica.

Costa Rica ha formado además un Plan Nacional para Tratar y Prevenir la Violencia Intra-Familiar, coordinado por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Este plan tiene como objetivo ofrecer una red integrada de servicios y acciones dirigidas a evitar la violencia doméstica. Este esfuerzo, que lleva más de una década ha aumentado la sensibilidad y conciencia pública sobre este problema, ha extendido una red de refugios y una línea telefónica dedicada, ha entrenado a más de 1.000 personas en diversas instituciones para que reconozcan y aprendan a tratar problemas de violencia doméstica, y ha fomentado también la investigación sobre el tema.

Costa Rica está intentando además ofrecer programas similares para entrenar al personal judicial, desde jueces de la Suprema Corte de Justicia a los trabajadores sociales.

Un llamado a la acción para Latinoamérica y el Caribe

Para tratar los obstáculos que impiden terminar con la violencia doméstica y otras clases de violencia basada en el género, las Naciones Unidas y otras organizaciones celebraron el “Simposio 2001: Violencia de género, salud y derechos en las Américas” en Cancún, México. Este simposio fue patrocinado por seis organizaciones de las Naciones Unidas, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual (ISIS), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), y el Centro Canadiense de Investigación en Salud de las Mujeres, un Centro Colaborador de la OMS.

Los representantes de 33 países del continente regresaron a sus países con un nuevo objetivo: asegurarse de que “Un llamado a la acción” se vuelva una realidad para todas aquellas personas que habitan en Latinoamérica y el Caribe.

“Un llamado a la acción”, el documento aprobado por todos los participantes del simposio, solicita a los países garantías plenas de acceso para todas las mujeres a los mecanismos de protección y justicia, promoviendo nuevas medidas contra la violencia de género a nivel nacional o internacional. El documento insta también a los países a mejorar la capacidad de respuesta del sector sanitario para identificar, proteger y cuidar a las víctimas de la violencia, y a proveerles a éstas las herramientas, el apoyo psicológico y la protección personal y judicial necesaria para ayudarlas a presentar su caso ante la justicia. Por último, el documento llama a todos los participantes a fomentar la creación de una cultura no-violenta a través de la educación y estrategias de concientización dirigidas tanto a hombres como a mujeres.


Table
Predominio de la volencia doméstica en las Américas y status de legislación nacional

País Cobertura Población/edad/tamaño de la muestra Evidencia (violencia física solamente) Legislación nacional/año en que fue promulgada 
Antigua y Barbuda  (1993)   Subconjunto al azar de una muestra nacional de probabilidad   Todas las mujeres 20-45 (97) 30% Sí/1999
Argentina N/D N/D  N/D Sí/1994
Bahamas N/D N/D N/D Sí/1991
Barbados (1993) Muestra nacional de probabilidad de toda la isla Todas las mujeres 20-45 (264)  30%  Sí/1992
Belice N/D N/D N/D Sí/1992
Bolivia (1998)  3 distritos Todas las mujeres 20+ (289) 17% (previos 12 meses)  Sí/1995
Brasil N/D N/D  N/D Sí (incluida en la constitución federal en 1988, decreto legislativo específico, 1995)
Chile (1993)  Santiago y provincia de Santiago Mujeres actualmente casadas, 22-55 (1.000)  60% (26% graves) Sí/1994
Chile (1997) Santiago Mujeres actualmente casadas, 15-49 (312) 23% (12 meses previos)  Sí/1994
Colombia (2000) Nacional (DHS) Mujeres alguna vez casadas, 15-49 (7.602) 41% Sí/1996
Costa Rica (1994) Representativa del área metropolitana de San José 1.312 mujeres 10% Sí/1996
Dominica N/D N/D  N/D  Sí/1996 
Ecuador (1992) Muestra del barrio de Quito 200 mujeres de bajos ingresos 60% Sí/1995
El Salvador N/D  N/D N/D  Sí/1996
Guatemala (1990)  Muestra al azar de Sacatepequez 1.000 mujeres 49% Sí/1999
Guyana N/D N/D N/D Sí/1996
Honduras N/D   N/D N/D Sí/1997
Jamaica     N/D N/D N/D Sí/1996
México (1996) Metro Guadalajara Mujeres alguna vez casadas (650) 15% (12 meses previos), 27% (alguna vez)  Sí/1996
México (1996) Monterrey Mujeres alguna vez casadas, 15+ (1.064)  17% (alguna vez)  Sí/1996
Nicaragua (1995) León Mujeres alguna vez casadas, 15-49 (360) 27% (12 meses previos), 52% (alguna vez) Sí/1996
Nicaragua (1995)  Managua Mujeres alguna vez casadas, 15-49 (378)  33% (12 meses previos), 69% (alguna vez)  Sí/1996
Nicaragua (1998)  Nacional (DHS) Mujeres alguna vez casadas, 15-49 (8.507)  12% (12 meses previos), 28% (alguna vez)  Sí/1996
Panamá N/D    N/D N/D Sí/1999
Paraguay (2000) Nacional (excepto región del Chaco) Mujeres alguna vez casadas, 15-49 (5.940) 10% (alguna vez)  Sí/2000
Perú (1997) Metro Lima Mujeres actualmente casadas, 17-55 (359) 31% (12 meses previos) Sí/1993 (reforzada en 1997) 
Puerto Rico (1995-1996) Nacional Mujeres alguna vez casadas, 15-49 (7.121) 13% (alguna vez) Sí/1989
República Dominicana  N/D  N/D N/D Sí/1997
Santa Lucía    N/D N/D N/D Sí/1995
San Vicente y Las Granadinas   N/D N/D N/D Sí/1984
Trinidad y Tobago N/D    N/D N/D Sí/1999
Uruguay (1997) Montevideo y Canelones Mujeres actualmente casadas, 22-55 (545) 10% (12 meses previos) Sí/1995

N/D – no disponible
Fuentes: Estudios seleccionados de población, 1982-1999 compilados por el Centro de Salud y Equidad de Género (CHANGE) de la Universidad Johns Hopkins, Population Reports, 1999; los Encuestas de Demografía y Salud (DHS) de Colombia, 2000; Lori Heise, Jacqueline Pitanguy y Adrienne Germain, “Violence Against Women” (Banco Mundial, 1994); y la Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos, 2000 (www.oas.org/cim/English/LawsViolence.htm accedido el 10 de agosto de 2001).


Liz Creel es una especialista en población del Population Reference Bureau. Sara Lovera es periodista y fundadora de Doble Jornada, el primer suplemento feminista de un diario mexicano (La Jornada). Es también secretaria ejecutiva de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), una agencia de noticias que recopila información acerca de la mujer y la hace accesible a la comunidad periodística. Miriam Ruiz es periodista y editora de CIMAC. Se interesa por cuestiones relacionadas con los derechos humanos de la mujer alrededor del mundo. El personal de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA contribuyó con sugerencias valiosas y críticas útiles para este artículo.


Para más información

Recursos adicionales recomendados

  • Cuadro 1: Definición de violencia de género
  • Cuadro 2: Efectos sanitarios de la violencia doméstica

Recursos adicionales recomendados

Para más información acerca del estudio de la violencia doméstica y otros tipos de violencia de género, puede ponerse en contacto con las siguientes entidades:

Comunicación e Información de la Mujer
Balderas No. 86, CP 06050, México, D.F.
cimac@laneta.apc.org

Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de Estados Americanos
www.oas.org/cim

Banco Interamericano de Desarrollo, Programa Mujeres en Desarrollo
www.iadb.org/sds/wid

Isis Internacional
Casilla 2067 Correo Central, Santiago, Chile
Tel: 562 633 4582; Fax: 562 638 3142
www.undp.org/rblac/gender/campaign-spanish/index.html

Women Watch
www.un.org/womenwatch
e-mail: womenwatch@un.org

Brasil
Movimento Nacional de Direitos Humanos www.mndh.org.br/html/index.htm

Costa Rica
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
Apdo 59-2015
100 metros oeste ICE an Pedro, San José
Tel/Fax: 2537841 ó 2539624
www.inamu.go.cr
e-mail: info@inamu.go.cr

México
Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas, A.C. (ADIVAC)
Pitagoras 842 Narvarte CP 03020
Tel: 56 82 79 69; Cel: 59 04 70 65; Fax: 55 43 47 00
www.laneta.apc.org/adivac
e-mail: adivac@laneta.apc.og

Perú
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (Promudeh)
Jr. Camaná 616, Lima
Tel: 511 428 9800; Fax: 511 426 1665
www.promudeh.gob.pe
e-mail: postmaster@lima.promudeh.gob.pe


Cuadro 1
Definición de violencia de género

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada en 1994 y ratificada al día de la fecha por 30 de los 34 países miembros de la OEA, define a la violencia contra las mujeres de la siguiente forma: “cualquier acto o conducta, basada en género, que causa la muerte o daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada”.

Cuadro 2
Efectos sanitarios de la violencia doméstica

  • Malnutrición
  • Agravamiento de enfermedades crónicas
  • Abuso de sustancias
  • Trauma cerebral
  • Daño a órganos
  • Discapacidad parcial o permanente
  • Dolores crónicos
  • Sexo sin protección
  • Inflamaciones pélvicas
  • Problemas ginecológicos
  • Nacimiento de niños con bajo peso
  • Aborto espontáneo
  • Complicaciones del embarazo
  • Muerte de la madre
  • Suicidio
  • Muerte